Militares amenazan la tranquilidad condominal

Esta imagen amenaza con extinguirse

La Asamblea condominal la eligió en septiembre de 2010 para que se hiciera responsable de llevar la Administración de los recursos financieros. El Código Civil establece que el cargo deberá ser asumido por un año, cuando la misma Asamblea constituida legalmente revoque su nombramiento o la ratifique en el cargo. Ella comenzó su gestión y se dio cuenta de que en las administraciones anteriores habían desviado recursos para fines no comprobables y lejos del beneficio de los condóminos. Llamó a una auditoria y se percató de que la suma desviada, o “robada” de dinero, asciende a más de $1’800,000.00, casi dos millones de pesos. Como se lo manda el mismo Código Civil, la señora Rosalinda interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco, misma que se busca llegue hasta sus últimas consecuencias.

Esta acción puso nerviosos a los demandados; varios de los involucrados comenzaron a realizar una serie de actos por debajo del agua. Trataron de persuadir a la Administradora de que desistiera de la demanda con mensajes vía telefónica, en que le advertían que de no retirar dicha querella se cuidará, “porque un accidente podría sucederle”. Estas personas comenzaron a crear un ambiente de hostilidad dentro del condominio. Llamaron a una nueva Asamblea, donde se constituyeron en Mesa Directiva, pero ésta tuvo que ser revocada dos meses después, dado que la persona que había quedado como su presidente no cumplía con un requisito marcado por el Código Civil; el señor debía más de un año de cuotas de mantenimiento y en ese sentido la ley es clara.

El 23 de agosto de los corrientes, la Asamblea condominal anuló la mesa electa en junio de este mismo año, porque además se había nombrado a un administrador que ni siquiera pertenecía a la comunidad de Coto Valencia. La Asamblea por voto mayoritario acordó mantener a la señora Rosalinda como administradora y se nombró a una nueva Mesa Directiva, la cual está en funciones en la actualidad.

Como la demanda interpuesta ante la PGJJ continúa su curso, los inculpados siguen con sus intentos por echarla abajo. En una sucia maniobra, como coincidencia, en un espacio de dos semanas se gestan aparentes robos a casas habitación dentro del Coto Valencia; lo curioso de esto es que los “afectados” pertenecen al grupo en conflicto y no permitieron la intervención del Ministerio Público para realizar las indagatorias necesarias del caso. Unos días después, en una de las casas “intervenidas” se llevó acabo la grabación de un cortometraje. No había ya lugar para las investigaciones por lo manipulado de la escena del sospechoso “asalto”.

Ya con estos “argumentos”, los implicados engañaron a muchos de los vecinos; realizaron una reunión para hablar de seguridad y al ver la gente que había movimiento en la Casa Club se fueron integrando a la reunión. Pero ¡oh! sorpresa, quien conducía dicho encuentro vecinal invocó acuerdos totalmente fuera de ley y, según ellos, se creó una figura de “Mesa de Transición”, sin sustento alguno en el Código Civil y menos aún cuando la reunión fue de carácter meramente informal. No obstante, un sujeto, de procedencia militar, al parecer en retiro de la Fuerza Aérea Mexicana, asumió el “cargo” de “presidente” de esta “mesa” y entonces comenzó la guerra.

Al día siguiente inició a girar instrucciones al personal de seguridad, a los mozos, y a cuanta gente se le aparecía enfrente le gritoneaba. Lanzó consignas que quien pretendiera acerarse a su casa él mismo los sacaría a balazos. “A mi no me tiembla la mano para matar a quien me provoque”, dijo en una ocasión ante poco menos de 100 personas reunidas.

Días después, se constituyeron en una “asamblea” más, en la que un pequeño grupo, todos simpatizantes de los demandados, “eligieron” a su “mesa directiva” y comenzaron a pedir a los condóminos que pagaran sus cuotas en efectivo, cuando que hay una cuenta bancaria para ese propósito, en abierto reto a las decisiones de la Asamblea condominal legalmente constituida y, por ende, a la Mesa Directiva en funciones.

Para realizar esta supuesta asamblea, los “revoltosos” -como muchos vecinos les llaman- violaron chapas, sacaron las puertas de la Casa Club de sus rieles, rompieron sellos de clausura del suministro de energía de ese mismo recinto; escondieron el medidor, que al día siguiente trataron de argumentar que había aparecido en el suelo –como por obra de magia–, cuando que este aparato, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, está tras una rejilla con por lo menos ocho tornillos. Para finalizar realizaron una conexión con los llamados “diablitos” y de esa manera ingresaron a la Casa Club.

Al día siguiente, arreglaron los desperfectos causados y repusieron en su lugar el medidor de luz. No obstante hay gráficos que personal de la Mesa Directiva en funciones tomaron para presentar la denuncia correspondiente. Al realizar los arreglos, estas personas cambiaron chapas tanto en la Casa Club, como en la bodega donde se resguarda el mobiliario para el mismo recinto y se podría decir que han “secuestrado” estas instalaciones dado que nadie, más que ellos, pueden hacer uso de la misma, al no contar con las llaves correspondientes el presidente o el tesorero de la Mesa Directiva en funciones.

Ante todo esto y a ver peligrar su vida y la de sus hijos, por las amenazas de este grupo de personas, la señora Rosalinda se vio en la necesidad de presentar su renuncia. Sin embargo como ese era el propósito fundamental de la gente en conflicto, la Mesa Directiva asumió la responsabilidad de la Administración hasta en tanto se define el cauce de la demanda ante la PGJJ.

En ese sentido, hay que explicar que la demanda está hecha en nombre del Coto Valencia y que quien ostente el cargo de Administrador puede retirar dicha demanda, por ello esas personas luchan por hacerse del poder al interior y actuar en consecuencia para salvar de la acción de la justicia a los responsables del robo de los dineros provenientes de las cuotas de mantenimiento y pagos extraordinarios.

El conflicto ha tomado un cariz peligroso para ciertos vecinos del condómino, dado que como operador de la seguridad del Coto está un ex militar, una persona que dimitió de las filas del Ejército Mexicano y que en términos de la milicia se conoce como desertor. Este personaje, quien se autonombra Teniente Adrían Márquez Pérez, no sólo amenazó a la señora Rosalinda, sino que apenas hace un par de días, el sábado pasado, trató de impedir que reporteros de Canal Ocho de Televisión pudieran cumplir con su trabajo e incluso, los privó de su libertad por espacio de más de 30 minutos, lo cual quedó registrado en la cámaras de la televisora (video al final).

Más aún, el sujeto que ha operado las acciones de vandalismo hacia el interior del coto es otro miembro de las Fuerzas armadas de nuestro país; un mayor en retiro de nombre Rodolfo Romero Castro, quien ha obrado con todo lujo de prepotencia, e incluso, hay vecinos que lo identifican como portador de un arma, “fajada a la cintura”. Su frase peculiar, según nos informaron, es “esto apenas comienza”.

Los condóminos afectados han pedido la intervención del presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Ismael del Toro, municipio al que pertenece el fraccionamiento Nueva Galicia, donde se asiente este condominio horizontal. A la fecha el edil ha dado como respuesta que los atenderá el Director Jurídico del Ayuntamiento, quien ayudará a orientar el caso, que en definitiva corresponde a la Procuraduría estatal, dado que es ahí donde se encuentra fincada la demanda correspondiente (AP/248/2012).

Los denunciantes demandan la intervención de las autoridades para poner freno a estas acciones, evitar que vaya a “correr sangre” y permitir que regrese a la tranquilidad el ambiente dentro del condominio, que, según comentan, se había significado por ser uno de los mejores.